El
único gobernante en serio del siglo XX
VELASCO PUSO FIN A NUESTRA EDAD MEDIA
Por: Ismael León Arias |
En 1955 tenía 16 años, el próximo
debía terminar la secundaria y mis conocimientos de historia
del Perú provenían de Pons Muzzo. El país era
presidido por el general Manuel Odría, algo que a muchos
estudiantes no les alarmaba. Ese verano mi madre decidió
visitar a su hermano Moisés en Chiclayo, donde era jefe de
maestranza de la hacienda Tumán. Ese viaje significaría
para mí el descubrimiento de otro mundo, aquel que la escuela
nunca revelaba.
Los dos hijos del tío Moisés, mis
primos, vivían en Chiclayo, pero ya no en la hacienda. Iban
a Tumán sólo por descanso y con ellos pasé
mi última vacación escolar. Volvería a verlos
25 años después casados e ingenieros. Pero aquellos
días debían regresar pronto al colegio, en la ciudad.
-¿Por qué se mudaron?-, pregunté al tío.
“Porque en la hacienda sólo podían estudiar
hasta tercero de primaria”. –¿Por qué?,
insistí. “Porque aquí no es necesario más”,
me respondió Moisés, hombre de confianza de los Pardo,
dueños de la azucarera.
Días después, durante una cena familiar,
tendría otra sorpresa. Los mayores hablaban del costo de
vida y las facilidades que ofrecía “la mercantil”.
“Aquí nos ‘habilitan’ con sacos de arroz
y de azúcar; además carne, manteca, verduras; y nos
descuentan a fin de mes”. Curiosa, como siempre fue mi madre,
especuló: “¿El sobre te quedará muy delgado?”.
Risas en la mesa. “Carmencita, es que hace años no
hay sobre, Moisés ya ni sabe cuánto gana”. Era
Isabel, señora de la casa, muerta de la risa.
Averiguaciones posteriores entre primos y amigos
de Tumán, más las lecturas de Mariátegui, me
confirmaron que el sobre del tío y de todos los campesinos,
en la costa como en la sierra del Perú, era inexistente.
Y era así porque en el régimen de hacienda el almacén
no sólo “habilitaba” arroz y carne; también
facilitaba ron, utensilios caseros y lo necesario para vegetar sin
salario, con la educación indispensable, no más.
Ese verano continúe mis pesquisas y me enteré
que los patrones pedían al capataz chicas “en edad
de tener”, no sólo para conocerlas; además podrían
conseguir empleo en la casa hacienda o con los ingenieros. -¿Qué
piensas tú?, le pregunté a Richard, hijo de otro mecánico
y hábil puntero izquierdo de las pichangas mañaneras.
“Yo creo que todo esto es una pendejada, primo; los hacendados
primero se las tiran y después las llevan a sus casas como
sirvientas”.
Cusco, el cuadro completo
Fue Simona Peralta, empleada de la casa en Lima, quien ampliaría
mi cultura política. Era de Sicuani, Cusco, había
venido a la capital a trabajar, reunir algún dinero, volver
a su tierra y reunirse con su pequeña hija, a la que había
“encargado”. Por ella supe de los valles de La Convención
y Lares; y quién era Hugo Blanco, comunista - asesino según
“La Prensa”.
“Buena persona es, la gente lo quiere mucho,
dirige las invasiones”, nos reveló Simona, que de paso
nos contó que a los 15 años ella había fugado
de la hacienda Angostura, de los Romainville, apellido emblemático
de aquellos tiempos, gamonal de horca y cuchillo. Un poco a pie
otro a lomo de mula, había llegado hasta Sicuani, sólo
para cambiar el miedo por la miseria.
-¿Por qué fugaste?, redundamos. “Las
familias del dueño se aprovechaban de nosotras, nos abusaban,
nos hacían hijos y encima no nos pagaban por trabajar como
burros, todos los días; también domingos, pascua,
año nuevo, todo sin descanso”.
Años después sabría que la
hacienda de Romainville era inabarcable, que tenía una hermosa
capilla sobre una montaña erigida por su primer dueño,
el Marqués de Valleumbroso, un español que hablaba
francés y aprendió quechua para aprovecharse mejor
de “sus indios”. A mediados del siglo XX, esa situación
se mantenía legalmente en el Perú.
Primera reforma agraria
En 1962, barones del azúcar y gamonales
de la sierra se sentían cómodos con el segundo gobierno
de Manuel Prado, presidente pro norteamericano, de la familia propietaria
del Banco Popular, la compañía de seguros de igual
nombre, inmobiliarias, caballos de carrera, los diarios La Crónica
y La Tercera, y además socios de firmas mineras y agro-industriales.
Mientras los campesinos del sur emprendían
a diario las ocupaciones o tomas de tierras, lo mismo hacían
los comuneros del centro en los territorios que les había
robado la sociedad agrícola-ganadera Cerro de Pasco. Entre
tanto cañeros y algodoneros en la costa debían luchar
contra los abusos de los Pardo, Aspíllaga, Gildemeister,
Izaga, Larco, Picasso y los Palacios Moreyra, pero con la dificultad
adicional de enfrentar al amarillento sindicalismo aprista.
En esas estábamos cuando una Junta Militar
interrumpió en sus meses finales el mandato de Prado. La
integraban los generales Lindley, Pérez Godoy y Matos y se
proponían impedir un fraude que llevaría a la presidencia
a Haya de la Torre. Desaprobaban la “convivencia” de
apristas, pradistas y odriistas, coalición armada para frenar
las reformas que el país exigía. En escena ya estaba
Fernando Belaúnde, que en calles y plazas prometía
esos cambios. Esperanzada, la clase media votó por él,
y en 1963 los militares volvieron a sus cuarteles. Antes dispusieron
una reforma agraria piloto en La Convención y Lares, para
desactivar ese polvorín.
Talara, la IPC, Velasco
Belaúnde se hizo del gobierno ese año,
gracias también a que incorporó en su programa la
recuperación del petróleo de La Brea y Pariñas,
en Talara, usufructuado por una firma americana, deudora de millones
de dólares en impuestos impagos por su antecesora, la London
Pacific. “O pagan o recuperamos los pozos en 90 días”,
ofreció Belaúnde en campaña. Con esa oferta
y la de transformar la propiedad del agro sedujo al país.
Pero llegamos a octubre de 1968 y no se había
recuperado una gota de petróleo y los hacendados seguían
parapetados en sus feudos. El APRA y la Unión Nacional Odriista,
mayoría en el Congreso, actuaban como coraza del feudalismo
y también avalaban la supuesta solución petrolera
expresada en el Acta de Talara. Luego de cinco años de negociaciones,
la IPC había “cedido” al Estado la refinería,
pero con la obligación de procesarlo a un precio amarrado.
Mientras tanto, los pozos seguirían en sus manos, que además
recibirían en la amazonía un millón de hectáreas
para exploración. Todo sin pagar un sol de lo adeudado. Fue
el detonante..
El 3 de octubre de 1968 la Fuerza Armada, conducida
por Juan Velasco, tomó el poder y al día siguiente
anuló el Acta de Talara. Antes de una semana, el 9 de octubre,
las fuerzas de la I Región Militar ocuparon refinería
y oficinas de la Internacional Petroleum, dispusieron el embargo
coactivo de sus bienes y comenzó el cobro de la deuda de
690 millones de dólares. Nueve meses después, el 24
de junio de 1969, salió la ley de reforma agraria que, en
homenaje a Túpac Amaru, prometió a los campesinos,
“el patrón no comerá más de tu pobreza”.
Pero esa es otra historia.
Publicado: 03/07/2008
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