La ley de la selva GARCÍA APRUEBA 192 DECRETOS LEGISLATIVOS Por: Oscar Torres | La guerra entre el gobierno de Alan García y los sectores populares está declarada. Así lo revela el aluvión de 102 decretos legislativos expedidos por el gobierno, entre los que se encuentra la controvertida Ley de la Selva que faculta la venta de “tierras eriazas” de propiedad del Estado en las zonas de selva y ceja de selva, que privatiza el uso del agua, promueve el remate de puertos y aeropuertos y limita aún más el respeto a los derechos laborales. Una vez más Alan García demuestra que poco le importan los reclamos de la población que exige un cambio en el modelo económico; por el contrario, su gobierno profundiza el modelo y se burla de las demandas del pueblo. En esas condiciones, el paro nacional se convierte en una necesidad para enfrentar los atropellos del Estado al servicio de los grupos monopólicos. De sus resultados dependerá el curso de las confrontaciones de los próximos meses. ¿Qué es lo que pretende el régimen de Alan García?, simplemente reducir el Estado a su mínima expresión y convertirlo en un instrumento al servicio de los grupos de poder. No le importa rematar a precio de huevo los últimos remanentes del Estado, encima pretende hacer lo mismo con la propiedad comunal que desde hace siglos posee vastas extensiones de la Amazonía que hoy pretenden ser entregadas a grupos monopólicos. No le importan tampoco las voces campesinas que se oponen a la entrega de tierras productivas, de bosques milenarios que podrán ser arrasados sin control, pues las mineras ya no necesitarán contar con el requisito del acuerdo previo para iniciar sus actividades. Así, empresas como Río Blanco Cooper S. A., podrán obtener una licencia ambiental de parte del Ministerio de Energía y Minas sin contar con el premiso de los propietarios. Qué duda cabe que esto llevará a enfrentamientos en que la vida de campesinos estará en grave riesgo, lo sabe bien el gobierno que no dudará en aplicar a sangre y fuego sus normas legales que violentan los derechos de las comunidades. Pero a pesar de lo que se crea, la promoción de inversiones mineras también se verá afectada por el incremento de los conflictos, especialmente en las zonas donde se están por iniciar los proyectos. Una vez más, el APRA, los fujimoristas y la derecha más cavernaria unen sus fuerzas para golpear al pueblo peruano y aprobar normas que no hubieran podido digitar en el Congreso, a su regalada gana y haciendo lobby con los grupos monopólicos que controlan el país. Qué duda cabe que en este entramado han tenido que ver ministros nefastos como Mercedes Aráoz, Rafael Rey, Ismael Benavides, Luis Carranza y Juan Valdivia, que han contando con la asesoría de los principales bufetes de abogados. Entre gallos y medianoche, elaboraron 19 normas que modifican el régimen legal del agro, privatizan el régimen de agua, facilitan la venta y traspaso de tierras comunales en sierra y selva y afectan la propiedad de las tierras que no están en uso agrícola inmediato, eriazas, etc. Expidieron otros 7 decretos que modifican las normas laborales del país, estableciendo derechos restringidos en empresas de hasta 100 trabajadores y 6 millones de soles de facturación anual, reduciendo las obligaciones para sus trabajadores (vacaciones 15 días, rebaja de CTS, fin de gratificaciones, despido acelerado, etc.) Redactaron otras cuatro normas que modifican la Ley General de Minería, en claro favorecimiento a las grandes empresas. Otras tres que tratan sobre pesca, e incluyen el negociado de los límites de captura. Hay otros tres sobre propiedad intelectual que apuntan a excluir al país de sus compromisos en la Comunidad Andina de Naciones. Está la ley de puertos, que impulsa su privatización, la desaparición de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) y la destrucción de la organización sindical. Así, se van sumando otros decretos que se refieren a las contrataciones del Estado y las compras públicas, otras cuatro a proyectos de inversión, los que profundizan la liberalización de la aviación civil para el ingreso de pilotos extranjeros, especialmente chilenos. Otros tres se refieren a la conformación del nuevo Ministerio del Ambiente, además se modifica la ley general de banca, entre otros aspectos. En cuanto a libre competencia e Indecopi, hay cinco normas nuevas, una de ellas sobre el sistema concursal. También hay decretos sobre comercio exterior, AFP, programas sociales, telecomunicaciones, vivienda, empresas públicas. Lo cierto es que Alan García ha hecho un negocio redondo y debe estar cobrando un precio muy alto por el servicio. Habrá que investigar sus cuentas en el extranjero para saber cuánto cobró por el trabajo. En estas condiciones ¿quién puede dudar que el paro sea una necesidad para los sectores populares? Publicado: 03/07/2008 |