Negociado con los terrenos del Estado LAS NECESIDADES DE LIMA AUSENTES Por: Jorge Ruiz de Somocurcio | El año pasado, una gran asamblea vecinal reunida en Comas aprobó su plan de desarrollo, definiendo, entre otros temas, el futuro del aeródromo de Collique como la gran área verde y ecológica que el distrito necesita, admitiendo complementariamente la construcción de viviendas y un parque industrial. Al otro lado de la ciudad, en Miraflores, los vecinos de Santa Cruz hacían suya la propuesta municipal de dedicar los terrenos del cuartel San Martín a la edificación de un centro de convenciones, centro empresarial, centro cultural, vivienda, turismo y áreas verdes y paisajistas. ¿Qué tienen en común estas propuestas municipales? Que ambas se ubican en terrenos del Estado, que han cobrado valor por el propio desarrollo de la ciudad y en los que sin embargo hoy se anuncian procesos de privatización que no tienen nada que ver con las propuestas municipales ni el futuro urbano de la capital. El Estado tiene, solamente en Lima Metropolitana, no menos de 100 hectáreas en propiedades, sin contar los suelos eriazos que rodean la ciudad. Me estoy refiriendo solo a aquellos terrenos de la trama urbana y que han adquirido una plusvalía gracias a la inversión municipal y privada del entorno. Pues bien, el Ejecutivo acaba de lanzar la orden de vender todas estas propiedades al mejor postor, como quien remata un terreno minero o una irrigación donde el mejor precio en ese caso puede ser lo determinante para el Estado. En el caso de la ciudad no es así. El Estado no puede olvidar que su papel es el servicio, y si una ciudad como Lima es deficitaria en áreas verdes, recreativas, ambientales, equipamiento e infraestructura, los terrenos disponibles deben servir para convocar a una alianza público-privada en la que el negocio inmobiliario esté también comprometido con la ejecución del intercambio vial, el centro de convenciones, el museo de sitio o el área ecológica que la ciudad o el distrito necesita. Quiere decir que esta subasta de terrenos no puede ni debe encontrar simplemente a un Estado con la Superintendencia de Bienes como un martillero, sino que Pro Inversión tendría que incorporar en las bases las propuestas municipales de desarrollo urbano para esas áreas como inversiones a ser ejecutadas por el postor. El Ejecutivo piensa obtener US$140 millones para dedicarlos a "construcción de los nuevos ministerios y ayuda social" (sic). Cifra ínfima para un país ícono de crecimiento económico y que no necesita matar la gallina de los huevos de oro que representan esos terrenos. La mayoría son los últimos grandes lotes de la ciudad, con posiciones inmejorables en los que el tamaño de cualquier actuación urbanística permite que convivan perfectamente negocio y servicio. Llama la atención en la subasta del cuartel San Martín, que estaba en curso, no se hayan incorporado siquiera los parámetros que hizo Miraflores para la zona. El presidente de Pro Inversión, corrigiendo la convocatoria, declaró que se tomarán en cuenta, pero no es suficiente. Las municipalidades, Pro Inversión y Lima Metropolitana tienen una de las últimas posibilidades de hacer algo más que un remate de terrenos impulsando megaproyectos integrales que con seguridad no solo mejorarán la calidad de la ciudad, sino que también la reposicionarán como metrópoli en América Latina. Publicado: 26/06/2008 |