Moquegua golpeó al autoritarismo CUANDO UN PUEBLO SE MOVILIZA Por: Efraín Rúa | Con la promesa de la entrega de 102 millones de soles adicionales, el gobierno de Alan García logró aplacar la justa lucha del pueblo moqueguano que durante 10 largos días desarrolló una serie de protestas que conmovieron al sur del país. En resumen, la propuesta del gobierno plantea los siguientes puntos: facilitar la inversión pública por 82 millones de soles, proponer normas legales que permitan la elaboración de contabilidades separadas en el caso de la gran minería y entregar por concepto de aporte voluntario al Fondo Minero de Solidaridad 24 millones de soles por el año 2007. De este modo se pone un alto a la lucha del pueblo moqueguano que atizó el odio del gobierno y llevó al presidente Alan García a señalar que “los responsables de los actos de violencia en Moquegua tendrán que pagar por sus delitos”, y a decir que “el caso será tratado de la misma forma en que se procesó judicialmente la toma de la comisaría de Andahuaylas”. Eran palabras que apuntaban a infundir temor entre los pueblos que se alzan contra el despotismo aprista. Lo cierto es que la violencia se desató el pasado lunes cuando el general PNP César Alberto Jordán Brignole fuera abandonado a su suerte luego que fracasara el desalojo del puente Montalvo por efectivos de la DINOES, acto que constituyó una verdadera provocación por la que debería responder el ministro Luis Alva Castro. La respuesta de García fue una afrenta para
los pobladores de Moquegua e Ilo que durante más de 40 años
tragaron el humo de la fundición de la Southern, atentado
que jamás ha sido reconocido por la empresa ni por los gobiernos
que permitieron su inescrupuloso accionar. Ahora que el precio del
cobre ha llegado hasta 2.6 dólares la libra, paradójicamente
los ingresos de la región bajan en vez de crecer. Y encima
el gobierno quiere que no protesten Pero ¿por qué el gobierno se queda con la mitad del total recaudado por Impuesto a la Renta y solo la otra mitad se convierte en canon para los gobiernos regionales y locales, en los que se produce esa renta y se sienten los impactos de la actividad minera? ¿Y por qué ese 50% no se distribuye también a las comunidades que son dueñas de los territorios donde se ubican los yacimientos? ¿Y por qué no les toca nada a otras regiones que carecen de recursos mineros? Lo cierto es que hay un problema de fondo y Alan García se niega a cumplir su promesa electoral de aplicar un impuesto a las sobreganancias mineras, que generaría recursos para atender la cobertura de servicios básicos y programas sociales que tanto demandan los pueblos del país. El impuesto a las sobreganancias se justifica porque las empresas mineras jamás han pagado un solo centavo por la extracción de la materia prima, un bien que pertenece a todos los peruanos. Hoy, lo que está en cuestión es el modelo económico neoliberal, diseñado para facilitar el saqueo de nuestros bienes naturales y multiplicar las ganancias de las empresas transnacionales. El país requiere una equitativa distribución del canon, así como un impuesto mayor a las mineras. En estas circunstancias, ya no basta la represión para acallar las protestas frente al incumplimiento de las promesas electorales y a la aplicación de una política económica contraria a los intereses nacionales. La represión y las amenazas contra las organizaciones sociales que anuncian la realización del paro nacional el 9 de julio, están condenadas al fracaso. Mario Huamán, secretario general de la CGTP, ha señalado que el gobierno es el responsable de las protestas que se desarrollan en el país, como consecuencia de una política que únicamente escucha a los grupos de poder. “En el Perú debe haber un cambio de ministros y un cambio en la política económica y social para que Alan García cumpla con promesas electorales, como la restitución de la Constitución de 1979”, afirmó. Ahora que el gobierno insiste en la privatización de puertos y aeropuertos, el remate de las tierras comunales y la ley de la selva y la entrega de la Amazonía a los grupos monopólicos, la protesta de las organizaciones está plenamente justificada. Mucho más si tomamos en cuenta las más de 50 actas suscritas por el ministro Jorge del Castillo que hasta hoy no se cumplen. Actas como las firmadas con los trabajadores del sector Educación a los que se prometió un aumento de 100 soles hace seis meses que hasta hoy no se entrega. Mario Huamán recordó que las demandas
del pueblo de Moquegua nunca fueron escuchadas y se esperó
a que se desate la indignación popular para buscar soluciones.
“El gobierno no entiende otro lenguaje que las huelgas y movilizaciones,
ya que ignora todos los llamados al diálogo”, expresó.
Todos estamos advertidos. Publicado: 19/06/2008 |