Las comunidades serán despojadas LAS TIERRAS EN REMATE Por: Efraín Rúa En medio de una ofensiva global de las transnacionales, cuando se viene el alza de los alimentos, se agravan las consecuencias del calentamiento global y el gobierno norteamericano pretende apoderarse de la Amazonía, reserva ecológica de la humanidad, el gobierno vendepatria de Alan García acaba de consumar un nuevo atropello contra los intereses nacionales: el Decreto Legislativo 1015 que reduce de dos tercios al cincuenta por ciento la exigencia para disponer, gravar, arrendar o ejercer otro acto sobre las tierras comunales de la sierra o selva. Se trata nada menos que de un proyecto de Ley que se encontraba en trámite en el Congreso de la República y que fuera rechazado por la Comisión Agraria. Proyecto que ahora se promulga al amparo de facultades legislativas otorgadas para que el Poder Ejecutivo legisle sobre diversas materias referidas al Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con Estados Unidos. Es decir, que a García y a su gobierno ni le interesan borrar las huellas del crimen que están cometiendo y por el que cientos y miles de comunidades campesinas y nativas se verán despojadas por los grupos monopólicos que están a la caza de tierras para la producción de Etanol, producción que de consumarse habrá de acabar con los bosques amazónicos y con el último pulmón de la humanidad. Este crimen de lesa patria ya está conversado. En estos momentos, cipayos de las transnacionales se encuentran a la caza de tierras comunales para comprarlas a precio de huevo y hacer grandes negocios con tierras que durante siglos fueron cuidadas por las comunidades campesinas que supieron respetar su habitat. La zona de mayor biodiversidad del mundo será depredada sin remedio o ¿acaso alguien cree que a los voraces oligopolios les interesa cuidar el habitat de esas comunidades?, que serán desalojadas sin miramientos. Algo de eso viene ocurriendo en Tarapoto, donde
el grupo Romero cuenta con la protección del Ejército,
luego de apoderarse de las tierras de 300 familias que durante decenas
de años las habitaron y a los que ningún gobierno
otorgó un título de propiedad. Bastó que el
amigo de García y Montesinos solicitará la entrega,
para que el ministerio respectivo tramitara la credencial de inmediato. La Ley 26505 fue promulgada en julio de 1995 por el régimen de Alberto Fujimori para promover la inversión en tierras comunales de la costa. Tierras que gracias a ella, está en manos de grupos chilenos, como les consta a los campesinos de Ica, que ahora se conforman con ser mano de obra barata, con jornadas de 12 a 14 horas diarias. Para acallar los cuestionamientos, Alan García ha salido al frente para decir que la norma firmada por él "no es necesariamente para venta de tierras", sino para fomentar la inversión. "Hay que lograr que cuando las personas toman decisiones, lo hagan voluntariamente. No hay que poner condiciones diferentes a los de la costa, porque son mestizos, y diferentes a los indios de la sierra. Esa me parece una forma de racismo selectivo", dijo. Claro, claro. La diferencia es que unos tienen la plata y pueden comprar a corruptos gobernantes a los que no les interesa para nada el interés nacional y la suerte de los peruanos. García debería saber que las comunidades campesinas y nativas tienen derechos preexistentes a la formación del Estado, como son el derecho al territorio, al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, como el agua, que es fuente de vida y salud, y que está siendo contaminada por las petroleras, sin que el gobierno haga nada. La inercia criminal del gobierno de García está costando vidas humanas, el despojo de tierras, sequías y contaminación de las aguas de ríos, lagunas y manantiales; lo que ocasiona la pérdida cultivos y ganado, que son fuente de subsistencia de miles de peruanos, que ahora son víctimas de enfermedades que atacan principalmente a los niños. Y, en medio de eso, el calentamiento global. No hay duda que la norma aprobada es ilegal e inconstitucional. No se ha respetado el derecho a consulta que garantiza el Convenio 169 de la OIT. El objetivo final del gobierno es favorecer la concesión de los recursos forestales y mineros dentro de los territorios comunales, dejando de lado el derecho de los pueblos a la consulta y la autodeterminación sobre el tipo de desarrollo que desean. Y eso lo hace un gobierno que no reconoce los derechos
a la salud y educación de esos pueblos abandonados a su suerte,
su derecho consuetudinario a elegir a sus autoridades encargadas
de impartir justicia, y que se niega a pagar indemnización
a los afectados por la violencia política. ¿Un gobierno
como éste, puede tener legitimidad? Publicado: 23/05/2008 |