Articulos

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería más conocido por su abreviatura como Osinergmin, es la institución más importante en materia de regulación en el país, pues le corresponde la supervisión del sector más relevante de la economía peruana (el minero energético), pero también el más cuestionado desde el punto de vista ambiental tanto por las comunidades y ONGs ambientalistas. Si se trata de las divisas el sector minero es el responsable de la generación de más 17,326 millones de dólares en el 2007, y de unos 19 mil millones de dólares en el presente año, gracias a los altos precios de los minerales.

Y se trata de la energía comercial, tanto los hidrocarburos: petróleo y gas natural, constituyen la base de la energía comercial, pues más del 28 % de la generación eléctrica se realiza utilizando el gas natural, además de 62 mil barriles diarios de diesel 2 y 25 mil barriles diarios de gas licuado de petróleo (GLP). Ellos son los combustibles más utilizados por el parque automotor y las amas de casa.

En verdad, para Osinerg ahora Osinergmin -organismo regulador creado desde fines de 1996 para enfrentar, supervisar y fiscalizar a las empresas de los servicios públicos privatizados, en la energía e hidrocarburos-, con el tiempo ha aumentado sus responsabilidades como también sus recursos, pues los ingresos más importantes se fijan como una participación de las regalías pagadas por las empresas de hidrocarburos y de los ingresos de las empresas eléctricas, sean de generación, transmisión y distribución.

Así, con las propias fuentes de Osinergmin para el 2007 los aportes del subsector eléctrico han sido de 65 millones de nuevos soles, y las transferencias del subsector de hidrocarburos incluyendo el aporte de Perúpetro suman más de 93 millones de nuevos soles, tal como se puede ver en el cuadro. Lamentablemente el sector minero no contribuye con una participación sobre sus ingresos, y apenas si existe un arancel de fiscalización minera del orden de tres millones ochocientos mil nuevos soles, que no guarda proporción con los ingresos de la minería.

Tal como se puede apreciar en el cuadro respectivo, los “aportes de las empresas de servicios” correspondientes a los años 2006 y el 2007 se han incrementado en 18 millones de nuevos soles, según la información de la “Cuenta de Gestión” de sus Estados Financieros:

En tal sentido, el presidente del organismo regulador Ing. Alfredo Dammert en entrevistas periodísticas, publicadas el 14 de marzo, precisó que el sector eléctrico aporta un 0,65% de su facturación anual, mientras que el sector hidrocarburos realiza un aporte de menos de 0,5%. Así, señalaba que “En total, los sectores eléctrico y de hidrocarburos aportan al año alrededor de 60 millones de nuevos soles (unos US$ 21,3 millones), se entiende cada uno, y la minería sólo aportaría cuatro millones”, sostuvo. Es más, en una declaración por demás extraña en razón de los déficits de la regulación y el gran universo de unidades por fiscalizar, consideró que “los aportes que ahora realizan las compañías eléctricas y de hidrocarburos son altos, por ello solicitará que se rebajen”.

Y, para compensar esas rebajas, el presidente del organismo regulador, expuso que el “aporte que deberían hacer las mineras para su supervisión debería ser del orden de 0,01% de la facturación, cifra inferior a la que realizan los otros dos sectores pues no necesitamos más”. Asumiendo que las exportaciones mineras en el año pasado sumaron los 17,328 millones de dólares estaríamos ante importantes ingresos que podrían ser utilizados para resolver de verdad los históricos pasivos ambientales.

Desde nuestro punto de vista resulta preocupante que Osinergmin considerado como el organismo regulador con un mejor desenvolvimiento, no pueda gastar los importantes recursos que capta del subsector eléctrico y de hidrocarburos, y declare en la cuenta de activos para el 2007, de “Caja y Bancos” más de 297 millones de nuevos soles, y señale como “ resultados acumulados” que serían el equivalente a las utilidades empresariales del período 231 millones de nuevos soles, como si el organismo fuese una empresa productiva. De allí, que interese el destino de tales recursos.

En verdad, resultan sorprendentes estos resultados, pues sería sumamente negativo para el país que el Osinergmin transfiera ingresos al Gobierno Central y fuese considerada como un ente recaudador. En ese sentido, no se entiende que un organismo regulador enfrente por más loable que fuera, el déficit eléctrico de las zonas rurales. Serán 100 millones de nuevos soles los que serán transferidos al Poder Ejecutivo para realizar diversas obras de electrificación rural.

Existiendo tantos problemas en la fiscalización y regulación como por ejemplo el cómo financiar la reposición de los más de 2 millones de balones de GLP que han superado los 20 de años de servicios, o los problemas ambientales de los ductos de Camisea, que como señalaba el máximo responsable de Osinergmin, no han tenido en su trazado estudios responsables de geotecnia y estudios de suelos. En el mismo sentido, extraña la falta de estudios sobre las consecuencias de los derrames de hidrocarburos en Z-1 en el mar de Tumbes, o los efectos perniciosos de los pasivos mineros que desprestigian y afectan la imagen del sector.

Al margen de las cifras que se mantiene en la cuenta de “Caja y Bancos” sería deseable fortalecer la supervisión en los tres subsectores pues existen importantes déficits en la regulación ambiental en materia de hidrocarburos, electricidad y de la minería en particular. Si bien por ley desde enero del 2007 se ha transferido al Osinergmin las responsabilidades de la fiscalización minera restringiendo la misma a las operaciones de la gran y mediana minería, constituye una grave omisión haber transferido a los gobiernos regionales la fiscalización de la pequeña minería y minería artesanal, dejando en el limbo, en “tierra de nadie”, el grave problema de la minería informal.

La capacidad de gestión y recursos que tienen los gobiernos regionales en materia de energía y minas es deficitaria, y limitada por decir los menos. Por ello, la transferencia de las funciones de fiscalización de la pequeña minería y de la minería artesanal es más declarativa que efectiva, y es considerada como un “presente griego”, donde se transfieren responsabilidades pero no los recursos necesarios, a pesar del boom fiscal y del crecimiento del impuesto a la renta pagado por las empresas mineras.

La minería informal que puede ser explicada como una estrategia de sobrevivencia o de una oportunidad social para miles de compatriotas ante la falta de empleo digno, han invadido y/o negociado una serie de concesiones en regiones auríferas como Puno, Madre de Dios, Arequipa, Ayacucho, Ica, La Libertad, Cajamarca, Piura etc., extrayendo de manera precaria más de 16 toneladas de oro según los estudios realizados por Osinergmin, que con los altos precios internacionales que bordean los 1,000 dólares la onza, hacen rentable las actividades con un alto nivel de contaminación en razón del uso indiscriminado del mercurio.

De allí, la necesidad de fortalecer Osinergmin que en un año ha realizado importantes tareas en la supervisión ambiental minera (La Oroya, Shougang, etc.), elevando significativamente las multas con una visión preventiva, es decir, obligando a las empresas mineras al cumplimiento con las normas ambientales, de seguridad e higiene en una lógica de costo/ beneficio.

Así, en el ámbito de su correspondencia minera, gran minería y mediana minería, en el 2007 ha realizado por medio de empresas de servicios y especializadas 426 inspecciones en un universo de 140 unidades mineras, estableciendo más de 2,109 UIT por concepto de multas, correspondiendo 881 UIT a las multas por faltas al medio ambiente y 1,228 UIT por concepto de seguridad e higiene minera.

Sin embargo, pese al relativo éxito del organismo regulador, debiera existir una superior racionalidad económica entre los recursos que la financian y los grandes déficits en materia de regulación ambiental. Por ello, resulta inexplicable que entre los activos existan montos importantes en la cuenta caja y bancos por casi 298 millones de nuevos soles, generando utilidades operativas y netas como si fuese una empresa productiva que serían transferidas al Ministerio de Economía y Finanzas, o que transfieran de sus ingresos 100 millones para electrificación rural, como si sobrasen en el país los recursos para una mejor y efectiva regulación.

Por el bien del país y de “un buen gobierno” se trata que los organismos reguladores tengan la suficiente autonomía política, económica y administrativa, con funcionarios bien remunerados para que no sean captados por los sujetos a regulación, pues el problema de la regulación ambiental se convierte en el tema central para una minería sostenible y sustentable en el tiempo. La minería para seguir creciendo necesita asegurar la licencia ambiental y social, en ese sentido la proliferación de la minería informal se constituye en un problema fundamental del país que se tiene que resolver.