Urgente revisión de contratos lesivos ZÓCALO CONTINENTAL EN SALMUERA: Z-2B Y Z-1 Por: Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM) En la Comisión de Energía y Minas se han conformado grupos de trabajo que deben investigar los contratos firmados en el pasado, tanto de la década de los noventa como en el período 2001-2006. Si bien el énfasis está centrado en el Contrato de Camisea lote 88 y del lote 56 con sus respectivas modificaciones, no se debiera perder de vista el conjunto de los contratos mineros-energéticos que ameritan ser investigados. Se trata de investigar los presuntos “delitos
económicos” que pudieran haberse cometido. Se debe
recordar que en el 2001 se formó en el Congreso de la República
una gran comisión investigadora de los presuntos hechos delictuosos
acontecidos en la privatización de las empresas del Estado.
Lamentablemente en nuestra legislación la subvaluación
de los activos del Estado, de las reservas de hidrocarburos, la
participación de funcionarios a los dos lados de la mesa,
primero como privatizadores y luego como funcionarios privados no
constituye delito alguno. EXISTEN INDICIOS RAZONABLES Esta privatización tenía como antecedente el asunto de la estatización de la Belco, empresa petrolera americana ligada al clan de los Bush, y que al ser estatizada en el primer gobierno del presidente A. García, y al no llegarse a un acuerdo de valorización de sus activos, que no valían más de 90 millones de dólares, el Estado peruano durante el gobierno del fujimorismo tuvo que abonar más de 280 millones de dólares a la aseguradora de la Belco, la famosa AIG (American Internacional Group). Se debe tener presente que la mayor parte de la deuda la pagó PetroPerú y estos recursos no han sido devueltos ni reconocidos por el Estado peruano, descapitalizando a la petrolera estatal. Una vez que se limpió las deudas con la Belco-AIG, el paso siguiente fue la liquidación de Petromar empresa filial de PetroPerú, que sustituyó a la Belco en la operaciones del Zócalo Continental entre 1986 al 1993. Petrotech sustituye a Petromar en las operaciones de mar, siendo una empresa que se formó con experiencia en el transporte de personal ganó una cuestionable subasta sin haber estado calificada como empresa petrolera. Así, sin invertir gran cosa, financiaba las obligaciones de la empresa con la propia rentabilidad de las operaciones. En el contrato firmado entre Petrotech y PetroPerú en 1993, se estipuló como alquiler de las 90 plataformas marinas a la empresa Petrotech Inc. a pagar un alquiler de US$ 10 millones anuales. En ese entonces el precio del petróleo estaba a menos de 20 dólares el barril. Hoy en día el precio del crudo está a más de 90 dólares y se sigue pagando el mismo alquiler. Sirva de ejemplo la actualización de las tarifas del oleoducto Nor peruano, propiedad de PetroPerú que tuvo que ajustar las tarifas de transporte obligando a que Pluspetrol pagase más por el crudo que transporta. Hubiese sido lógico actualizar el alquiler de las plataformas cuyo propietario es hasta ahora Petroperú, es decir el Estado, a los precios internacionales del crudo. Así, el índice de precios del material y equipo de la industria de hidrocarburos se incrementa anualmente a nivel internacional y aquí en nuestro país se le sigue cobrando lo mismo a Petrotech empresa con domicilio en Delaware USA desde hace 15 años. Ello no resulta lógico, pues además que la empresa tiene una débil contribución fiscal pues terceriza todo lo que puede, inflando costos de producción a vista y paciencia de Perúpetro, sigue pagando el mismo alquiler por las plataformas marinas necesarias para el proceso de extracción de crudo, el mejor del país en cuanto a grados API, liviano de casi 36º grados. Es más, se debería investigar a todos los funcionarios de Perúpetro que han fiscalizado a Petrotech, es más un gerente general de dicha empresa ocupó la presidencia del organismo estatal, favoreciendo los intereses de su representada en el 2001. En el 2004 se pudo renegociar o revisar dicho contrato, y verificar el mal estado de las instalaciones de las plataformas marinas, algunas de las cuales se han venido abajo, contaminando el Mar de Grau. Por más antiguas que estén las plataformas tienen un “costo de oportunidad”, por ello sería interesante que se investigue a qué precio fueron vendidas las plataformas de PetroPerú a la empresa BPZ que opera el lote Z-1 frente a las costas de Tumbes, a fines del gobierno anterior. El contrato del Z-2B debió resolverse en el 2004, por ser un contrato lesivo para los intereses del Estado. Ello no significa estar contra la inversión privada, ni ser un “perro del hortelano” como diría el Presidente de la República, pues se trata de una empresa que depreda los recursos de todos los peruanos, descapitalizando el país. Este es un “Contrato de Servicios” que nunca debió firmarse, y han sido tantos los incumplimientos de esta empresa al contrato original firmado, y que dicho sea de paso el actual presidente de Perúpetro siempre cuestionó. En tal sentido, nunca es tarde para encontrar la verdad, y para corregir los “entuertos del pasado”, por ello debemos saludar que después de 15 años la Contraloría General de la República, ante tantas irregularidades que ameritan la apertura de sendas investigaciones, se haya decidido actuar según las resoluciones de Contraloría del mes de agosto y noviembre del 2007. Al respecto estaremos vigilantes a los resultados de las investigaciones. Lo cierto y evidente es que dicho contrato producto de la privatización y liquidación de Petromar filial de Petroperú llevada a cabo en 1993, produce ahora menos de 13 mil barriles diarios cuando Petromar como filial de PetroPerú producía más 19 mil barriles diarios. Es más, se le han otorgado más lotes en exploración incluso más de uno con modificaciones de coordenadas geográficas que solamente suceden en el “país de maravillas”. Al margen de la naturaleza de la empresa que ganó el Lote Z-2B Petrotech Internacional y la empresa que firmó con PetroPerú S.A. fue Petrotech Peruana empresa domiciliada en Perú, lo que afectó los niveles de ingresos fiscales por los menores ingresos del impuesto a la renta a la remisión de utilidades de la filial a su matriz que en esa fecha estaba vigente. Un cálculo indexado de lo dejado de percibir por el Estado representa más de 30 millones de dólares a la fecha. Son múltiples las irregularidades propias de una empresa poco transparente, con un contrato lesivo a los intereses del país un contrato por medio del cual el Estado peruano tiene que pagar una retribución en especie promedio de 85 %, por un petróleo que antes era de su propiedad a través de Petromar filial de PetroPerú. Esto significa que por cada 100 barriles producidos se le retribuye 84 barriles que luego ésta revende a Petroperú para la refinería Talara, a precios internacionales. Esto significa que la regalía equivalente
en el Lote Z-2B Zócalo Continental es de 16 % sin haber invertido
un dólar directamente pues Petrotech asumió las operaciones
en marcha en 1994 y con el flujo de ingresos provenientes de la
extracción de un crudo de alta calidad, puede pagar a PetroPerú
US$ 10 millones anuales por el alquiler de las plataformas y equipos,
abonar la regalía equivalente de 16% y obtener altísimas
utilidades a costa de la explotación del petróleo,
que permiten su expansión. Así, en el 2007 Petrolera Monterrico empresa de capitales nacionales abona una regalía de 51 % en el lote II, Mercantile 47% que opera el lote III, Rio Bravo 47 % el lote IV, Sapet petrolera estatal de la China que opera el Lote VI/VII paga una tasa de regalía renegociada de 22%. Y con respecto a regalías equivalentes de los llamados contratos de Servicios, la empresa Graña y Montero que opera el lote V abona una regalía de 35 % y la empresa petrolera de la Universidad de Ingeniería, Unipetro paga una regalía equivalente de 62 % Por último, la petrolera Petrobras Energía del Brasil que sustituye a la argentina Pérez Companc en el Lote X asume una tasa de regalía de 30 %. Se debe tener presente que la petrolera argentina Pérez Companc pagó en diciembre del 1996 US $ 202 millones por 38 millones de barriles de reservas probadas aproximadamente. En el caso del Lote Z-2B se le debe agregar la falta de mantenimiento de las 90 plataformas marinas algunas de las cuales se han venido abajo, el uso indebido de los líquidos de gas natural proveniente del gas húmedo y tratado en la Planta de Pariñas, la excesiva tercerización de sus operaciones, el abuso y sobreexplotación de sus trabajadores. Solamente la complacencia y tolerancia de las autoridades de Perúpetro hacia esta empresa explica la continuidad de sus operaciones lesivas en el país. Procesadora Gas Pariñas de Petrotech Por contrato, Petrotech tenía que abastecer a la planta eléctrica de la Empresa Eléctrica de Piura por volúmenes de 18 millones de pies cúbicos diarios de gas húmedo, a un precio del millón de BTU equivalente al 10 % del precio internacional del petróleo residual 6 con uno por ciento de azufre. Evidentemente cuando el precio del residual estaba a 20 dólares el barril el 10 % era de dos dólares por millón de BTU (unidad térmica) más o menos equivalentes a 1,000 pies cúbicos (unidad de volumen). El gas húmedo que antes vendía Petrotech a Eléctrica de Piura (EEPSA) del grupo Endesa, permitía que esta última procesara el gas en su Planta de Malacas (Talara) generando mayores ingresos y utilidades pues ello le permitía obtener más de 300 barriles diarios de GLP, más nafta, y gasolinas que se vendían al margen de las ventas de electricidad que realiza EEPSA. Es decir, el fraccionamiento y tratamiento de los líquidos de gas natural, es decir separar el gas seco para generar electricidad de los líquidos, le proporcionaba a Eléctrica de Piura los suficientes recursos para abonar los gastos de personal, como un negocio privado. Se debe tener presente que hasta el 2006, el 40 % de las acciones de EEPSA le correspondían al Estado, y con esta violación del contrato se han afectando los intereses del Estado y de la región de Piura, pues sobre esa producción de líquidos no están pagando regalías, a margen que por contrato estaba expresamente prohibido el tratamiento de los líquidos. Aparentemente ello podría ser considerado como una decisión privada, pero con esta decisión se ha afectado los intereses del Estado. Si bien estamos frente a una producción de 2,000 barriles diarios de líquidos de gas natural, frente a los 35 mil barriles que produce Camisea en La Convención-Cusco, donde la regalía pactada es del 37.24 %. Cabe hacerse la pregunta ¿qué regalía está pagando Petrotech por los líquidos de gas natural que valen tanto como el petróleo? Solamente la inopia de Perúpetro supuesto organismo fiscalizador de los contratos petroleros y los intereses creados a nivel político por esta empresa petrolera, que no podría mantener actividades en Estados Unidos de Norteamérica por sus recurrentes faltas a la “ley y al orden”. Por último, presentamos dos cuadros que representan los niveles de regalías que pagan las empresas petroleras en explotación en nuestro país. Evidentemente las empresas que operan en el lote Z-1 y Z-2B abonan las regalías más bajas, y otras pagan más de 40 % como Unipetro, la empresa de la Universidad de Ingeniería que tiene varios reconocimientos en el respecto ambiental pagando una regalía de 62 %. Es decir, empresas como Petrotech y BPZ con regalías equivalentes de 16 % y 5 % no aseguran el canon y sobrecanon petrolero para Piura y Tumbes, este debería ser otro argumento para investigar y renegociar estos contratos lesivos al Estado. Se trata de promover la inversión de riesgo, con regalías que reflejen los riesgos de no encontrar hidrocarburos, “ni muy altas ni muy bajas”. En ambos casos las reservas de petróleo y gas eran reconocidas y lo que es más grave Petrotech se da el lujo de “quemar y ventear” millones de pies cúbicos de gas natural contaminando la atmósfera con las emisiones de metano, a vista y paciencia de los organismos reguladores. Bienvenida la inversión sana y transparente que capitalice el país, pagando impuestos y fomentando el trabajo con salarios dignos. Más resulta inaceptable para el país la presencia de empresas que mantienen contratos lesivos con el Perú, depredando sus recursos naturales no renovables. Ello debiera ser investigado por el Congreso de la República, en resguardo de la salud moral del país. |