Colina al desnudo
FUJIMORI SABÍA TODO
Por: Efraín Rúa
A medida que avanza el juicio contra Alberto Fujimori
va quedando en evidencia que el grupo Colina no podía operar
sin el consentimiento del alto mando del Ejército, del jefe
real del SIN y, por lo tanto, del hombre que dio el golpe de Estado
de 1992 para hacerse de todo el poder en el país.
Conocer el mecanismo de funcionamiento de Colina
significa desentrañar la forma de operar de los grupos de
inteligencia tras las oprobiosas experiencias de las dictaduras
militares de la década del 70. Fujimori y sus asesores conocían
de esa experiencia y se negaron a repetirla, por eso instrumentaron
a Colina, un destacamento en que la regla era el compartimentaje,
en la que pocos sabían que hacían cada uno de los
grupos operativos que la conformaban, los nexos entre los mandos
o quiénes eran sus mentores intelectuales.
En este escenario es importante la declaración
de cada testigo, pues ello significa una prueba más en contra
del dictador. Aún falta conocer la declaración de
diversos agentes que vinculan a Fujimori con la cadena de mando
de Colina. Además, hay videos, audios y un conjunto de documentos
desclasificados de la Central de Inteligencia Norteamericana que
corroborarían la responsabilidad penal de Fujimori y que
lo llevarían por lo menos a 30 años de prisión.
En ese terreno adverso, César Nakazaki,
abogado de Fujimori y del general Hermoza, estaría jugando
todas sus cartas para evitar nuevas evidencias contra su principal
defendido. Entre otras, sirviendo de nexo entre ambos acusados,
violando el Código de Ética del Colegio de Abogados,
de acuerdo al jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría,
Omar Chehade.
Como se sabe, uno de los principales acusadores
de Fujimori es el propio general Hermoza. Y para evitar el descalabro,
Nakazaki habría optado por designarle un abogado a Hermoza
Ríos o pedirle que acuda sin él, con el objeto de
no declarar o responder las preguntas de la forma más conveniente
para sus intereses.
La primera opción parece haber sido puesta en práctica
por la defensa de Fujimori durante la presentación del agente
Fernando Lecca Esquén, quien se negó a testificar
pese a los pedidos del vocal César San Martín. Según
el ex integrante del grupo Colina, no contaba con un abogado que
lo asista en el caso, a pesar que se acogió a los beneficios
de la `confesión sincera`.
Nakazaki busca elementos para definir el curso
del proceso a favor de Fujimori. Así, insiste en que Colina
era un grupo paramilitar y no un destacamento del Ejército,
con lo que la pretende diluir la responsabilidad del acusado. Esa
estrategia comenzó a desmoronarse luego de la presentación
de José Alarcón Gonzales y José Tena Jacinto,
agentes de Colina, quienes revelaron detalles de los crímenes
y vincularon al general Juan Rivero Lazo, ex jefe de la Dirección
de Inteligencia, y a Nicolás Hermoza Ríos, con esos
hechos.
El tercer testigo, el técnico Manuel Hinojosa
Sopla, se acogió al silencio y no declaró. Al parecer
las declaraciones de Alarcón Gonzales y Tena Jacinto fueron
suficientes, por lo que se prefirió silenciar las declaraciones
del tercer testigo. Y es que tras refutar la existencia del “destacamento”,
Nakazaki tuvo que resignarse a escuchar el término de boca
de los agentes del SIE.
La cantidad de documentos referidos a Colina, su
base de operación en la Dirección de Inteligencia
del Ejército (DINTE) y la existencia de un “escudo”
que lo identificaba, echaron por tierra los argumentos de la defensa.
Para terminar de coronar la faena, apareció
el oficio N° 096 CA-CGE/A.4/02.10, de fecha 22 de Julio de 1994,
en la que se revela que el Comandante General del Ejército,
Nicolás Hermoza Ríos, ordenó que se condecore
a Jesús Sosa Saavedra, Nelson Carbajal y Pedro Suppo con
el cintillo Pacificación Nacional, dos meses después
de haber sido sentenciados por el Fuero Militar por los delitos
de secuestro, desaparición y ejecución de un profesor
y nueve estudiantes de La Cantuta.
En un último esfuerzo, Nakazaki buscaba demostrar que las
órdenes de los asesinatos provenían exclusivamente
del mayor Santiago Martin Rivas, jefe del grupo, y que la misión
‘formal’ del Destacamento era, según consta en
el plan operativo Cipango, identificar y detener presuntos terroristas.
Pero las declaraciones de los agentes echaron por tierra su argumentación.
Ellos han reconocido que la misión real de Colina era asesinar
y no detener, y que la creación del grupo obedecía
a un plan estratégico aprobado por el propio comandante general
Nicolás Hermoza Ríos. Según la Fiscalía,
Hermoza era el nexo entre Fujimori y el escuadrón de la muerte.
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