Freno a la voracidad CONTRA EL SAQUEO DE LA AMAZONÍA Por: Comité Provincial de Alto Amazonas del MNI Las comunidades campesinas y nativas de la provincia de Alto Amazonas, de la región Loreto y del Perú en estos momentos enfrentan la más grande y grave agresión del neoliberalismo encarnado en el gobierno del APRA, que tiene como su visión del “desarrollo” la explotación de los recursos naturales (petróleo, gas, madera, minerales) vía el saqueo del gran capital privado, representado en las transnacionales y grupos de poder económico de nuestra patria, a quiénes se les dan todas las facilidades incluido estabilidad jurídica. Esta claro que para el gobierno aprista los agricultores, las comunidades campesinas y nativas no tienen ningún derecho, por que según ellos no contribuyen con el desarrollo nacional y más bien son considerados un estorbo a eliminar por obstruir sus planes de servicio a los poderosos económicamente. La estrategia neoliberal del Alan García, tal como lo hizo con los maestros con el tema de la calidad educativa a quienes echó la culpa de la crisis de la educación y que para ello habría que realizar una evaluación, del cual opinamos oportunamente, diciendo que era una campaña mediática y que por lo tanto, no solucionaría el problema de la educación porque no era el asunto de fondo, y, tal como advertimos, el gobierno engaño con las capacitaciones ofrecidas a los maestros y lo peor, no se incrementó el presupuesto del 2008 para mejorar la calidad de la educación, es decir, esta estrategia mañosa que utilizó el gobierno aprista lo realizó sólo con la intención de desacreditar y satanizar a los maestros, quitarles el apoyo de los padres de familia y la opinión pública y así imponer autoritariamente su neoliberal ley antimagisterial donde su quitan sus derechos; así hoy este gobierno ha iniciado una campaña para desacreditar ante la opinión pública a los campesinos y a sus comunidades, presentándola como una institución primitiva, retrógrada, falsa e incapaz de generar desarrollo por mantener tierras “ociosas” e “improductivas” y “vivir en la pobreza” y por eso hay que quitarles sus tierras; sin considerar cómo es que las comunidades han venido alimentando y subsidiando el crecimiento de las ciudades sin recibir ningún apoyo del-estado y pero aún de este gobierno. Esta intención viene siendo rechazada por las diversas organizaciones campesinas, sindicales, populares y algunos medios de comunicación solidarias con los derechos de nuestros pueblos. La propuesta general de Alan García y su partido, expresado en el artículo “el síndrome del perro del hortelano”, escrito en noviembre del 2007, es la de privatización de los recursos naturales del país, de acuerdo con ello, todos los recursos deben ser negociables, incluyendo las propiedades de los agricultores como las tierras comunales, es decir, un pensamiento pragmático, egoísta y utilitarista que no tiene en cuenta para nada la sensibilidad humana y social. Los objetivos de este maquiavélico plan son: en primer lugar, determinar que las tierras que se declaren como eriazas(sin cultivar) o aquellas que no se hayan formalizado, sean revertidas en favor del Estado y posteriormente se adjudiquen a terceros (Transnacionales o empresarios como el grupo Romero). Y, en segundo lugar, plantear una revisión de los títulos de propiedad de las Comunidades Campesinas que se encuentran inscritos en los Registros Públicos. Con ello el gobierno pretende argumentar legalmente sus acciones de violación a la propiedad privada legítimamente reconocidos por el Estado Peruano a través de los Registros de las tierra en los Registros Públicos. Es así, que la Tercera Disposición Complementaria Final del Proyecto de Ley 1770/2007-PE, determina que COFOPRI a solicitud de las comunidades campesinas efectuará la determinación, conversión y/o rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas de las tierras comunales que se encuentran registradas; esta aptitud facultativa y permisiva del gobierno de turno ha variado, ya que al mes de presentado este proyecto, la bancada aprista a través del congresista José Macedo Sánchez presenta otro Proyecto de Ley Nº 1900-2007-CR de fecha 22 de noviembre del 2007, donde se plantea facultar a COFOPRI para que DE OFICIO, es decir, sin requerir el permiso y sin previo conocimiento de los agricultores y de las comunidades; realizará la determinación, conversión y/o rectificación de linderos y medidas perimétricas de las tierras de las comunidades campesinas, emitiendo nuevos planos sobre las tierras ya registradas. Este panorama se hace más caótico si se llega aplicar la Séptima Disposición Complementaria Final del Proyecto de Ley 1770, que determina que los planos o la información gráfica que emita COFOPRI prevalecerán sobre aquella que obra en los Registros de Predios, es decir, si COFOPRI determinó que un campesino no merece tener sus tierras que posee y hay que quitarles, el campesino no podrá reclamar en ninguna parte. Con estos proyectos de Ley, propios de gobiernos anti democráticos y dictatoriales, solo se pretende QUITAR LAS TIERRAS A LOS CAMPESINOS con el cuento de que no están cultivadas, como si el hombre del campo no tuviera hijos a quienes delegará las responsabilidades de sus tierras sin cultivar cuando sean hombres y como si el gobierno y los funcionarios de COFOPRI no supieran que las agricultura en la selva es rotativa (cada época siembra en diferentes partes) debido a las condiciones de abandono en que se encuentra ya que nunca hubo un apoyo real de los diferentes gobiernos de turno y de los gobiernos regionales de Loreto. Luego de esto, se va a REEXPROPIAR Y SAQUEAR los recursos naturales existentes en nuestros territorios, por parte de empresas transnacionales, a quienes se les venderá estos territorios, desconociendo los derechos de los pueblos y comunidades indígenas contemplados y amparados por normas internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos nativos e Indígenas. Y, desconociendo la condición de guardianes que cumplen de nuestra biodiversidad que mantiene el equilibrio ecológico de nuestro planeta. Queda claro que el gobierno aprista ha iniciado un agresivo plan político que forma parte del proyecto neoliberal, al cual se subordina. Este plan requiere, en primer lugar, arrasar los derechos de los campesinos y de las comunidades indígenas del Perú para liquidar su institucionalidad jurídica. Este paso les permitiría expropiar las tierras comunales y entregarlos al gran capital financiero y a las empresas transnacionales para finalmente saquear libremente los recursos naturales que se hallan en ellas. Para enfrentar esta gran amenaza es imprescindible
que las organizaciones de las comunidades campesinas y nativas junto
al pueblo organizado, articulemos como una sola fuerza o un solo
puño, acciones de lucha para hacerle retroceder en sus nefastas
intenciones a este gobierno aprista rechazando el entreguismo a
través del proyecto de ley 1770 y exigiendo al Congreso de
la República su archivamiento definitivo. Asimismo expresar nuestra solidaridad con la movilización regional de los maestros de Loreto en rechazo de la ilegítima ley antimagisterial y su reglamento aprobado este 10 de enero y la modificación del reglamento del nombramiento 2008. ¡NO A LA EXPROPIACIÓN, RESPETO A LAS
TIERRAS DE LOS CAMPESINOS! |