Morales Bermúdez se proclama inocente: OPERACIÓN CÓNDOR Por: Daniel Borja El 12 de junio de 1980, a pocos días de la entrega del poder a Fernando Belaunde Terry, un grupo de militares argentinos con la abierta colaboración de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), secuestró a Noemí Esther Giannotti de Molfino, María Inés Raverta y Julio César Ramírez, militantes del Movimiento Montonero, un grupo escindido de la juventud peronista, que había proclamado la lucha armada contra la dictadura de Rafael Videla. Los secuestradores se llevaron también a Federico Frías, a quien trajeron de Argentina para establecer contacto con sus compañeros. Frías intentó escapar un día antes, pero fue reducido aparatosamente en las calles de Miraflores, donde se produciría después su encuentro con María Inés Raverta, una joven mujer que tras ser sometida a salvajes torturas revelaría el lugar de hospedaje de Molfino y sus acompañantes. De otro local, sería secuestrado Julio César Ramírez, que no había recibido el alerta de sus compañeros. El secuestro sería denunciado por el naciente Diario Marka, ante el silencio de la prensa parametrada, lo que obligó al gobierno militar a dar la orden de deportación y emitir el comunicado oficial número 004, en el que señalaba que los detenidos habían sido llevados a Bolivia, aunque la versión fue negada por el gobierno de ese país. Lo que no dijo el documento oficial es que fueron dejados en manos de sus captores argentinos, razón por la que Raverta y Ramírez morirían días después, según algunas versiones en un cuartel boliviano. El cuerpo de Frías nunca apareció pero el de Noemí Esther sería hallado en un hotel madrileño. Entonces gobernaba el país el general Francisco Morales Bermúdez, quien tenía como primer ministro al general Pedro Richter Prada, a la sazón comandante general de las fuerzas armadas. Era un gobierno de mano dura, aunque sin las características extremadamente sangrientas de sus pares del cono sur, lo que les sirve de argumento a Morales y a Richter para afirmar que se limitaron a deportar a los montoneros y negar que el gobierno formó parte de la Operación Cóndor como aseguran documentos de la CIA. "Seguramente me han comprendido en el proceso (judicial) por una mala información", declaró Morales Bermúdez como si fuera una santa paloma. Richter Prada, por su parte, reconoció haber dado la orden de expulsar a tres ciudadanos argentinos, pero negó haber coordinado con su par argentino Leopoldo Galtieri, la operación. Un argumento para ingenuos. Lo real es que tras ser detenidos en Miraflores, los montoneros fueron conducidos a una de las instalaciones del ejército en Playa Honda, lugar en el que fueron salvajemente torturados por sus perseguidores argentinos, que para justificar sus tropelías los habían acusado de montar un atentado contra el general Videla, durante la ceremonia de transmisión de mando presidencial. Las torturas fueron tan atroces que provocaron el repudio de algunos de los agentes del SIE que las presenciaron, tal como lo relata Ricardo Uceda, en el libro “Muerte en el Pentagonito”. De acuerdo al fiscal de Roma, Giancarlo Capaldo, el secuestro fue un operativo combinado de los servicios secretos de Argentina, Perú y Bolivia, argumento bastante sólido en ese y estos tiempos. Además, esgrime un documento desclasificado de la CIA, de 1978, que dice textualmente: "Los miembros originales (de la Operación Cóndor) fueron Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia. Perú y Ecuador recientemente se convirtieron en miembros". Esa versión intenta ser negada por el ex canciller José de la Puente Rabdill, quien afirma haber expulsado de Palacio de Gobierno a los jefes de inteligencia del Cono Sur, a mediados de 1977, que venían a solicitar la incorporación del gobierno peruano. Sin embargo, su versión no desmiente a la de la CIA, que habla de un ingreso posterior. Como se conoce, la Operación Cóndor
fue un plan represivo transnacional, secreto, contra los movimientos
subversivos y la izquierda latinoamericana, montado por los servicios
de inteligencia de los gobiernos dictatoriales del Cono Sur. García sostiene que Morales Bermúdez es una personalidad muy respetable a la cual todos debemos honrar porque cumplió su compromiso de que el Perú volviera a la democracia. “El Perú tiene un deber de agradecimiento”, afirmó para corroborar la alianza existente entre el APRA y la dictadura militar. Como se recuerda, ante el auge de la izquierda el APRA se presentó como la alternativa de recambio. Fue en esos años de abierta represión contra las organizaciones populares y la izquierda, que el partido de Haya de la Torre pudo volver a levantar sus gastadas banderas enarbolando las de la lucha democrática. Pero lo hizo tan mal que acabó perdiendo las elecciones frente al partido de Fernando Belaunde. A nadie le debe extrañar entonces que Alan García anuncie que el gobierno le brindará toda la ayuda necesaria a Morales Bermúdez para hacer frente a la investigación que realiza la jueza italiana Luisianna Figliolia. Si en esos tiempos su partido se encargaba de limpiar a la dictadura, ahora él no hace más que seguir los pasos dejados por Haya de la Torre. Morales Bermúdez asegura que en 1980 nuestro país estaba en un proceso de transición a la democracia y que cuando se tuvo información de la presencia de elementos subversivos, se ordenó un seguimiento de inteligencia por asuntos de seguridad, pero que no hubo ajusticiamientos de ningún tipo. Claro que sí, del trabajo sucio se encargaron los militares argentinos. Pero hay otro hecho que habla de la relación de colaboración de ambos gobiernos. Se trata de la desaparición del ciudadano argentina Carlos Maguid, quien fuera detenido en marzo de 1977 por agentes de la División de Seguridad del Estado. El se desempeñaba como docente de la Universidad Católica, después de haber huido de su país, acosado por la dictadura de Jorge Rafael Videla. La detención se produjo a pocos días de la visita del dictador argentino, especialmente invitado por el gobernante de entonces. El supuesto montonero fue liberado días después, pero su suerte quedó marcada. El 15 de abril fue nuevamente detenido mientras esperaba un vehículo en una de las calles de la ciudad. Nunca más se le volvió a ver e integra la lista de 30 mil desaparecidos de la dictadura militar argentina. Tal vez por eso, no nos convencen los alegatos de inocencia de los responsables de la dictadura militar. Como tampoco nos convencen los alegatos de Alberto Fujimori, quien acaba de decir ante el tribunal que lo juzga que él fue el salvador del país: “Era el caos total, la inviabilidad del Perú (…) por eso digo yo salvé al Perú”. Con ese argumento, mejor lo canonizamos.
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