Bolivia
en crisis
LA OLIGARQUÍA ARMA SU PROPIO ESTADO
Por: ECONOTICIASBOLIVIA
Los terratenientes y la burguesía, con masivo
apoyo popular, intentan formalizar el poder que ya de facto ejercen
en cuatro de las nueve regiones de Bolivia. Alistan su propio Parlamento,
su propia Policía y el control absoluto sobre la tierra,
el gas, la educación y los impuestos. Evo, por ahora, sólo
mira y amenaza. La clase obrera se pone en pie de combate
En abierta rebeldía contra el gobierno legalmente
establecido del presidente indígena Evo Morales, las fortalecidas
fuerzas de la oligarquía boliviana dieron anoche un nuevo
paso en su intento por formalizar el poder que ejercen de facto
en los valles y llanuras de Bolivia al aprobar su denominado 'estatuto
autonómico'.
El texto de 155 artículos, que sienta las
bases para la conformación de un gobierno independiente,
con capacidad de legislar y definir el uso de sus recursos, fue
aprobado por una autoconvocada Asamblea Provisional Autonómica,
en Santa Cruz, la región más próspera del país,
donde se concentra gran parte de la riqueza natural (gas, petróleo,
tierras, bosques, hierro) y que es desde hace un año el bastión
de la oligarquía terrateniente y de la burguesía comercial
financiera local.
La carta autonómica fue recibida con júbilo
por las clases medias, empresarios, vecinos y gran parte de los
trabajadores urbanos del oriente, aunque con fuerte rechazo y críticas
por los sectores campesinos e indígenas.
Tras la aprobación del estatuto 'en grande',
de inmediato en La Paz el gobierno del presidente Morales, que ejerce
poder en el altiplano y que aún mantiene bajo control total
al Ejército y la Policía, advirtió que la 'autonomía
de facto decretada por la oligarquía era ilegal, antidemocrática
y conspirativa'. E l ministro de Gobierno, Alfredo Rada, había
advertido con una intervención policial y militar si Santa
Cruz declaraba su autonomía y rompía la unidad del
país.
Al margen de la ley
Como lo reconocen sus propios autores, la carta autonómica
no se basa ni en la Constitución Política del Estado
en vigencia ni en la que fue aprobada en Oruro por las fuerzas leales
al presidente Morales el domingo pasado y que exacerbó el
clima de enfrentamiento que vive Bolivia, virtualmente partida en
dos, con dos poderes en pugna abierta por el control de territorio.
El texto autonómico establece que Santa
Cruz es un departamento autónomo, una demanda de gran arraigo
popular en casi todas las regiones del interior del país
(excepto La Paz) y que ha permitido que la oligarquía tenga
la dirección y control de un vasto movimiento popular, que
tiene fuertes rasgos reaccionarios y racistas, profundos sentimientos
regionalistas, un acendrado odio hacia los altiplánicos y
duras expresiones fascistas.
El punto central del estatuto se encuentra en el
artículo seis, en el cual se detallan las competencias exclusivas
que tendrá el nuevo poder. Entre ellas se incluyen la competencia
legislativa para tener su propio Parlamento, la organización
de instituciones públicas autónomas, entre ellas de
la Policía, que no dependan del poder central, un régimen
electoral departamental, y el control, dominio y administración
de la tierra, agricultura y ganadería, asuntos forestales,
áreas protegidas, biodiversidad, gas, petróleo, tributos
departamentales, hacienda, educación, ordenamiento territorial,
transporte terrestre y reconocimiento de personerías jurídicas,
entre otras.
Es un levantamiento
'Este es un levantamiento terrateniente, un levantamiento del gamonalismo
más retrógrado y conservador contra democracia, contra
la unidad y contra el proceso de cambio y revolución agraria',
dijo en La Paz el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.
Por ahora, el Ejército y la Policía,
cuyos altos mandos responden a Morales, están en apronte,
al igual que las organizaciones sindicales urbanas y campesinas
que han comenzado a exigir que se corte de raíz la conspiración
fascista y se liquide el creciente poder de la oligarquía.
Algunos dirigentes, como Roberto de la Cruz de la combativa ciudad
de El Alto, cuestionaron la extrema pasividad del gobierno de Morales
para con los sediciosos. Otros más radicales, vinculados
a mineros de Oruro y maestros de La Paz, plantearon como salida
a la crisis la inmediata expropiación y reversión
de todos los inmensos latifundios en los que concentra la tierra
y que son la base del poder económico y político de
la oligarquía.
Presión revolucionaria
En este escenario, la combativa Central Obrera de Oruro, timoneada
por los mineros proletarios, la vanguardia revolucionaria de Bolivia,
dijo a Econoticiasbolivia que 'l as autonomías departamentales
que se pretenden ejecutar de facto están al margen de la
ley y sólo es un pretexto y argumento trillado para tener
potestad regional de parte de la oligarquía de disponer de
nuestros recursos naturales en su beneficio'.
'Las autonomías departamentales no solucionarán
el problema del desempleo y pobreza porque no altera la propiedad
de nuestros recursos que continúan en manos de los mercenarios
y trasnacionales. Sólo la aplicación de las Agendas
del 2003 y 2005 (una verdadera nacionalización de los hidrocarburos
y de la minería, expulsando a las transnacionales, y una
nueva reforma agraria que liquide el latifundio) de la cual nunca
hablan los oligarcas serán verdadero despegue hacia la construcción
de una nueva sociedad'.
Los mineros repudian, además, la política
conciliadora de Morales. 'Rechazar la convocatoria del Gobierno
a una tregua y concertación con la minoría fascista
que hoy convulsiona el país, utilizando millonarios recursos
de las trasnacionales y el gobierno norteamericano. La clase trabajadora
y el pueblo ha sufrido en carne propia los resultados de este tipo
de concertaciones que siempre son un retroceso para el pueblo y
ventajas para los opresores. El pueblo sabe que los cambios son
con lucha decidida del pueblo que el gobierno no tiene el derecho
de traicionar', agrega la arenga de la Central Obrera de Oruro que
ha logrado burlar el control político e ideológico
que ejerce el gobierno sobre los sindicatos.
Represión fascista
En Santa Cruz, el Estatuto autonómico fue aprobado bajo la
atenta mirada de unos 700 huelguistas de hambre, instalados hace
once días en carpas en la plaza central de Santa Cruz, donde
son constantes las palizas y golpizas contra los altiplánicos
que osan pasar por el centro de la ciudad. Allí operan con
absoluta impunidad las bandas fascistas, las fuerzas que respaldan
al presidente Morales lucen acorraladas.
'A cada hora, a cada dos horas nos llaman los compañeros,
denunciando que los están pegando, que los están maltratando
o robando, es increíble lo que está sucediendo, porque
realmente ya no hay respeto a nada', dice Isaac Avalos, principal
dirigente de la Confederación de Campesinos y parlamentario
del partido de Morales.
En el sur del país, en las ciudades de Sucre
y Tarija, como más al norte, en Beni y Pando, también
operan las organizaciones juveniles fascistas para amedrentar a
los partidarios de Morales y a los dirigentes sociales e indígenas.
Allí también se realizan huelgas de hambre contra
Morales y su cuestionado proyecto de nueva Constitución,
que propugna, en los central, una economía mixta, el respeto
a la propiedad privada y al latifundio y la convivencia entre la
precaria economía campesina, la informalidad empobrecedora
y una limitada participación estatal junto a los grandes
terratenientes, la burguesía financiera comercial y los pulpos
transnacionales.
Dos gobiernos
Desde las últimas semanas, en los hechos, en Bolivia hay
dos gobiernos. Uno, el legal, del presidente indígena Evo
Morales, tiene masivo apoyo campesino y el control del altiplano
(La Paz, Oruro y Potosí). El Ejército y la Policía
responden aún a su mando. Los sindicatos y las clases medias
lo apoyan, aunque sin mucho entusiasmo. En los valles y llanuras
del oriente y sur del país, pesa más, en cambio, la
oligarquía latifundista y la burguesía financiera-comercial,
que cuenta con la adhesión militante de las clases medias
y la sumisión de los sindicatos y organizaciones cívicas
y populares. Ellos conspiran y quieren escindir al Ejército
para derrocar al 'indio presidente'.
Bolivia está partida en dos. En seis de
las 10 más grandes ciudades bolivianas gobierna de facto
la oligarquía. Allí, nadie respeta a Evo Morales y
emerge con fuerza el racismo, el separatismo y las bandas fascistas.
Allí, la izquierda indigenista no tiene discurso ni consignas
y está arrinconada y perseguida.
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