La inocencia de Fujimori EL GOLPE Y SUS CONSECUENCIAS Por: Efraín Rúa Exaltado y levantando la voz, Alberto Fujimori, afirmó ser inocente de los cargos de lesa humanidad que se le imputan en el juicio por el caso de la matanza de la Universidad La Cantuta, los crímenes de Barrios Altos y los secuestros en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). Al parecer, ha olvidado el pasado. “Soy totalmente inocente (…) no acepto la acusación fiscal”, anotó. Mala suerte para él. Lo dijo justo el día que un reporte de la Agencia de Inteligencia del Pentágono, divulgado por los Archivos de Seguridad Nacional de EE.UU., daban cuenta que "… el presidente Fujimori emitió la orden de “no tomar prisioneros", durante la operación de rescate de la embajada de Japón. "Por causa de eso incluso los (miembros del MRTA) que fueron capturados con vida no sobrevivieron la operación de rescate". Así las cosas, quien puede creer en sus alegatos de inocencia, salvo Vladimiro Montesinos, el general Hermoza, Santiago Martin Rivas y otras joyas que mejor la defensa no las exhibe porque deben tener un prontuario parecido. Fujimori asegura que su gobierno tuvo una clara política de pacificación del país, que no tenía como política de Estado la ejecución de supuestos terroristas, como han reclamado desde hace 17 años defensores de los derechos humanos, familiares de las víctimas y organismos internacionales que acogieron las denuncias presentadas por los primeros. Pero los hechos lo desmienten. Fue él quien envió la mañana del 5 de abril a Vladimiro Montesinos a justificar ante la cúpula militar el golpe de Estado bajo el pretexto de que la subversión avanzaba al punto de poner en riesgo la existencia del Estado. Allí Montesinos acusó al Congreso de coludirse con el terrorismo por rechazar las leyes sobre seguridad nacional que habían sido promulgadas por el Ejecutivo meses antes. En total, eran 126 decretos legislativos, de los cuales 23 estaban dedicados a la lucha antisubversiva y eran el soporte en el que se habría de basar el combate al terrorismo en los siguientes años. Entre ellos se contaban el DL 743, Ley del Sistema de Defensa Nacional, que establecía que los comandantes generales y el presidente del Comando Conjunto fueran nombrados directamente por el Presidente de la República. El DL 746, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, que obligaba a organismos públicos y privados a proporcionar información al SIN. Y el DL 749, que otorgaba plenos poderes a los Comandos Político Militares en las zonas de emergencia. Al justificar el golpe, el asesor alegó que la derogatoria o modificación de los decretos impedían enfrentar con éxito «el estado de guerra interna vivido por el país». Así, la decisión del golpe de Estado consumó una idea forjada años antes por un grupo de militares para exterminar a cualquier costo a Sendero Luminoso. Fujimori aceptó sus propuestas, la mayoría de las cuales estaban incluidas en los decretos legislativos que fueron promulgados a lo largo de 1991. El accionar antisubversivo pronto quedaría en evidencia con la desaparición de los estudiantes de Huancayo, los sobres-bomba y la masacre de Barrios Altos. Fueron precisamente las denuncias sobre la verdad de la matanza de Barrios Altos y las quejas de Susana Higuchi por el negociado de la ropa donada, las que aceleraron el golpe de Estado. La decisión del 5 de abril fue perfecta para Fujimori y su clan. Las reacciones de la oposición fueron debidamente acalladas, gracias a la impopularidad del Congreso y a los brutales atentados que se desencadenaron en esos días. En medio de las sombras que rodeaban a su gobierno, Fujimori tomó la decisión de liquidar a la cúpula subversiva que lo mantenía en jaque. Con el pretexto de poner orden en las cárceles, dio pase a la ejecución de los principales líderes senderistas que se encontraban en la prisión de Cantogrande. El 9 de mayo de 1992 fueron ejecutados Deodato Juárez Cruzatt, Yovanka Pardavé Trujillo, Tito Valle Travesaño, Janet Talavera Arroyo, Elvia Zanabria Pacheco, Ana Pilar Castillo, Andrés Agüero Garamendi, José Antonio Aranda, Victoria Trujillo Abanto, Ramiro Mina Quispe, Sergio Campos Fernández, Fidel Rogelio Castro y Marcos Ccallocunto Núñez. Pronto la población se daría cuenta que los buenos augurios acerca de las bondades del golpe, no se hacían realidad. A lo largo de los interminables días de mayo, junio y julio de 1992, las acciones senderistas se incrementaron hasta el punto de que muchos mandos militares temieron lo peor. Entre abril y julio estallaron 24 coches-bomba en la capital y causaron centenas de muertes. Solo en el mes de julio se produjeron 300 atentados que cobraron 193 víctimas. El grupo Colina acudió entonces en ayuda del gobierno y desencadenó una serie de crímenes en su intento por impedir la oleada subversiva que mantenía en vilo al país y hacía peligrar la estabilidad del régimen. El 2 de mayo desaparecieron a nueve pobladores de El Santa, un poblado cercano a Chimbote, a los que se responsabilizó del incendio del molino San Dionisio. El molino era de propiedad de Jorge Fung Pineda, con vinculaciones con el congresista Juan Hermoza, hermano del comandante general del Ejército. La madrugada del 2 de mayo, unos 30 encapuchados
rodearon viviendas ubicadas en los asentamientos humanos Javier
Heraud, San Carlos y La Huaca. De allí fueron secuestrados
y asesinados Jesús Noriega Ríos, Carlos y Jorge Tarazona,
y Roberto y Carlos Barrientos, Pedro López, Denis Castillo,
Federico Coquis y Gilmer León. El 24 de junio, los agentes
del grupo Colina secuestraron al periodista Pedro Yauri, responsable
del programa ‘Punto Final’ de radio Universal, de Huacho.
También a la familia Ventocilla. Todos bajo sospecha de ser
militantes del MRTA. Entre el 17 y el 24 de julio estallaron 15 coches bombas, y 32 personas murieron como consecuencia de los atentados. El Perú jamás había registrado jornadas de violencia como las que se sucedieron en esos dos meses. La desesperación del régimen golpista se puso en evidencia entonces. En esos días circuló en las calles de Lima un volante amenazador contra el senderismo, que había convocado un paro armado. El titular declaraba: « ¡Viva la defensa del pueblo organizado, guerra contra SL!» El texto advertía a las huestes del ‘presidente Gonzalo’ que sus acciones para respaldar el paro armado de julio serían respondidas: « ¡Terrorista cobarde! que no das la cara y te amparas en las faldas traicioneras de un partido putrefacto y pasado de moda, fuera de la realidad peruana; tus horas están contadas, pues el 22 y 23 estaremos preparados para hacerte frente». «Desde hoy pasamos a la ofensiva, mil ojos te estarán observando y un solo tajo cortará tu garganta, así comenzaremos nuestra lucha, vas a morir por obedecer órdenes asesinas de mandos que ni conoces, pues para ellos, eres solamente una pieza reemplazable en el mecanismo de una maquinaria creada ex profesamente por Abimael y su cúpula para enriquecerse extorsionando al pueblo peruano». «Sabemos también quiénes apoyan o actúan a favor de los terroristas de Sendero Luminoso, en ellos y sus familiares tenemos centradas nuestras miras, por cada atentado o muerto de los días 22 y 23, sabrán experimentar, como nosotros, el dolor que significa perder uno de sus seres queridos, para muestra y para que sepan que no bromeamos, ya empezamos con Cartagena». Efectivamente, el abogado Jorge Cartagena, defensor de Osmán Morote, había sido ametrallado en su oficina, aunque salvó la vida pese a sus graves heridas. En la mañana del 17 de julio, Fujimori, Montesinos y Hermoza, organizaron un cónclave para analizar los hechos tras el atentado de la calle Tarata que le costó la vida a más de 20 personas y sumió en el pánico a media ciudad. Allí, se recibió el informe de inteligencia que indicaba que los autores del atentado se habían refugiado en la residencia de estudiantes de La Cantuta. La vendetta fue ordenada. La orden era eliminarlos.
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