Alianza en las alturas:

LA FUERZA DE LA MAFIA

Por: Gustavo Espinoza M. / Nuestra Bandera

Diversos acontecimientos que ocurren en la vida peruana confirman la idea de que la mafia -es decir, la estructura de poder levantada a la sombra del fujimorismo y laboriosamente trabajada por la clase dominante para destruir al país y apoderarse de todos sus recursos y potencialidades- conserva su fuerza y su capacidad de acción.
En realidad, nada la ha debilitado. Ni la caída del presidente depuesto en noviembre del 2000, ni las sucesivas denuncias sobre corrupción, debidamente probadas y documentadas, ni los juicios al asesor presidencial en materia de inteligencia, ni las condenas a los generales corruptos. Bien mirada la cosa, la mafia está intacta y se apresta a recuperar posiciones para escarnio de los peruanos, después de siete años de sucesivas administraciones formalmente democráticas pero igualmente entregadas al dominio del Gran Capital.
Valentín Paniagua, el Presidente de la transición, pudo -y debió- haber hecho algo en la materia en sus siete meses de efímera gestión. Pero prefirió simplemente administrar la crisis con la idea de que las “medidas de fondo” corresponderían más bien a un gobierno elegido por voluntad ciudadana, y no a una gestión como la suya, de precario origen parlamentario.
Alejandro Toledo, a su vez, tomó distancia de los elementos más comprometidos con la mafia pero pusilánime, mediocre y pro yanqui, optó por aplicar las mismas recetas neo liberales de la dictadura construyendo lo que él mismo llamara “el segundo piso del fujimorismo”.
Ahora, bajo la gestión de García y con Fujimori nuevamente en el país, la mafia levanta otra vez cabeza y muestra los dientes con desparpajo y desvergüenza. Y es que se siente lo suficientemente poderosa y asistida como para imponer sus reglas de juego ante un gobierno al que tiene sometido y en derrota. Algo hay, que viene de antes, en la relación entre García y Fujimori que consolida los vínculos que ahora alientan a la mafia.
En realidad, fue García quien “descubrió” a Fujimori entre 1985 y 1990. Lo ayudó a que fuera Rector de la Universidad Agraria primero, y luego Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Le dio un programa de televisión en el canal del Estado un poco más tarde. Le puso a disposición un diario - “Página Libre”- para que le hiciera la campaña presidencial de 1990 y volcó la votación del APRA de entonces en beneficio del “chinito de la yuca” cuando éste debió definir -en junio del 90- la segunda vuelta de los comicios nacionales con Mario Vargas Llosa.
A cambio de tanta gentileza -como se recuerda- Fujimori puso a salvo a García de cualquier acusación parlamentaria o juicio de responsabilidades al término de su gestión presidencial, entre julio del 90 y abril del 92. Y cuando asumió solo los resortes del poder luego del golpe de abril del 92, confió altas responsabilidades al entorno personal de García -Absalón Vásquez, Agustín Mantilla y Alberto Kitasono- a los que convirtió en sus virtuales “asesores” en materia política; y trató con guante blanco a García después de asustarlo espectacularmente obligándolo a huir por los techos de su plácida residencia la noche del golpe.
Pero las cosas se tornaron más evidentes después, durante los años del régimen autoritario, cuando el APRA durmió el sueño de los justos, salvo cuando llegó a la conclusión de que la hora del relevo sonaba inexorable. Hizo entonces méritos suficientes en la aplicación de su tradicional escopeta de dos cañones. Con uno -Mantilla- se entendió con el régimen en la salita del SIN acumulando una fortuna considerable en dólares que guardó púdicamente en la banca norteamericana y de la que nunca dio cuenta. Y con el otro, Del Castillo se sumó a la Mesa de Dialogo de la OEA para capitalizar al descontento y recoger los desechos de la dictadura.
Asentado en ese pavimento lustroso, García buscó volver al poder, tanto en el 2001 como en el 2006. Y pudo lograrlo en ese año precisamente gracias al apoyo del fujimorismo, que llamó a sus electores a votar por el APRA en la segunda vuelta para “cerrar el paso al extremismo chavista”. Que no fue desdeñable ese “aporte” electoral lo indica el hecho que Keiko Fujimori -la hija de su apá- alcanzó la más alta votación parlamentaria logrando sólo en Lima 700 mil sufragios, es decir, el doble de los votos que García pudo lograr para ganar a Ollanta Humala.
Con el ascenso de García al sillón de Pizarro se inicia la etapa final de un despreciable maridaje político que hoy rinde sus frutos. Ocurre, en efecto que desde el gobierno, el Presidente García tiende descaradamente la mano para auxiliar a los voceros de la mafia y al propio Fujimori, al que se propone salvar a cualquier precio. Por lo pronto, logró imponer al Poder Judicial una opción consentidora y permisiva, a la que se acogieron con gusto los procesados por indignidades monumentales.
Algunos de ellos, como Daniel Borobio, el general Oscar Malca o el ex Premier Juan Carlos Hurtado Miller, simplemente se dieron a la fuga o “pasaron a la clandestinidad”. Y nunca fueron ni detenidos, ni procesados. En enero del 2008 proclamarán orondos que sus delitos prescribieron, y que, al igual que García, estarán en condiciones de retornar al escenario peruano en forma inmediata.
Otros, aparecen hoy como “juzgados” con extremada benevolencia por los tribunales a cargos de los procedimientos previstos. Moisés Wolfenson, el propietario del diario de la mafia actualmente recluido, busca indulto que García asegura que es “legítimo”.
José Enrique Crousillat, el broadcaster de la mafia que recogía millones de dólares en la “salita del SIN” demanda también un indulto similar alegando “razones humanitarias”. El general Walter Chacón Málaga, procesado por apoderarse de dineros del Estado, logra que la Corte Suprema le revoque el arresto domiciliario disponiendo para él “comparecencia simple” en el juicio que se le sigue. Baca Campodónico -el ex ministro de Economía que premió a la mafia creando “el Ruc sensible”, logró que no se cite a su juicio a Fujimori porque podría comprometerlo. Jorge Camet, hasta hoy eludió la acción de la justicia. Alberto Kouri, el congresista que se vendió por quince mil dólares, goza de la más irrestricta libertad, casado como está con la hija de Moisés Tambini del Valle, Procurador del Estado en la materia.
Pero lo que realmente ha puesto en evidencia el asunto ha sido, sin duda, el proyecto de ley que remitiera recientemente al Congreso el Poder Ejecutivo mediante el que se libera a Alberto Fujimori del trago amargo de ser expuesto públicamente en un proceso judicial, exonerándolo de la obligación de concurrir a las audiencias. De ese modo, se evita que se confronte con su asesor en materia de Inteligencia, con su Comandante General del Ejército, Nicolás Hernoza Ríos, y con los integrantes del Grupo Colina; y que se muestre en un interrogatorio en directo ante la opinión pública.
Para este fin, el proyecto, suscrito por Alan García y el Primer Ministro Jorge del Castillo establece que “si el acusado ha prestado su declaración en el juicio oral o se acoge al derecho de guardar silencio y deja de asistir a la audiencia, esta continuará sin su presencia y será representad por su defensor”. Más claro, ni el agua.
Se trata, sin duda, de una propuesta que tiene nombre propio, que garantiza un juicio sin acusado, y que permitirá al reo eludir la vergüenza de comparecer; como actualmente lo manda la ley, pero también el sentido común.
¿Qué lógica puede impulsar un proyecto de esta naturaleza?- Apenas la lógica de la impunidad, que se afirma cuando se consolida la fuerza de la mafia.

La presidenta Bachelet no viene a Lima, a pesar de las gestiones de Cancillería que pedían reciprocidad a los varios gestos del presidente García que incluía asistencia a la Cumbre Iberoamericana en Santiago para reunión bilateral. Regresó antes que culminara la reunión, donde tuvo un opaco rol sin propuestas o iniciativas que posicionen mejor al Perú en el entorno internacional.
La otra acción que impulsa el gobierno es la de articular a los países ribereños del Pacífico y que tienen o quieren tener TLCs con Estados Unidos), siguiendo el libreto norteamericano que busca debilitar al MERCOSUR, y especialmente a proyectos contestatarios como el de Venezuela. Se busca fragmentar la integración regional sudamericana, poniendo trabas a la convergencia de los procesos. En vez de adoptar una política de estado como Colombia, que discrepa sustancialmente en términos ideológicos de Venezuela pero impulsa y desarrolla la integración bilateral y proyectos energéticos, aquí se prestan a golpear innecesariamente a vecinos, y no precisamente en defensa del interés nacional.
Ante la justificada reacción boliviana frente a la declaración del gobierno de negociar bilateralmente con Europa desconociendo los acuerdos de Tarija, se le respondió duramente desde diversas instancias del gobierno. Se crea además una fricción diplomática solicitando la extradición de un refugiado político, que ha sido asesor del presidente Morales. Se reitera la disposición del gobierno de venderle el gas de Camisea a Chile, justo en el momento en que Bolivia está negociando una agenda integral con ese país.
Se inicia una escalada contra el gobierno venezolano, acusándolo de una supuesta infiltración ideológica con las casas ALBA, y peor aún, de financiar una campaña de desestabilización al régimen, atribuyéndole la responsabilidad de las protestas de distintos sectores y regiones. Se le ofrece la posibilidad de acuerdos petroleros para tapar el asunto, rápidamente neutralizado por la presión de lobbies chilenos que quieren que sigamos exportando petróleo crudo a ese país para importar gasolinas que aquí distribuye ENAP a través de PRIMAX. Y, principalmente para tratar de solucionar su déficit de energía desde el Perú. En efecto, se ha llegado a un acuerdo preliminar en este tema tratando de reeditar el “Anillo Energético” que tiene como único beneficiario a Chile, eliminando una de las pocas armas de negociación que nos quedan.
Se aísla al Perú, rechazando integrarse al Banco del Sur con diversas declaraciones que incluyen la del presidente del BCR que dice no saber de que se trata. Se hace seguidismo a Chile, que acaba de aportar 50 millones de dólares a la CAF tratando de oponer esta institución al Banco del Sur. Esto constituye un gravísimo error, ya que se perdería una fuente de financiamiento importante para obras de infraestructura y desarrollo regional, así como para la construcción del proceso de integración.
No parece casual que cuando se crean todas las condiciones para un retorno de Venezuela a la CAN, se intente patear el tablero de las negociaciones conjuntas con la Unión Europea, al señalar que se desea un acuerdo bilateral, y que el Perú no aceptaría un acuerdo minimalista. Un retorno de Venezuela como miembro pleno cambiaría la correlación de fuerzas, y dejaría en minoría a los ejecutores de la política norteamericana. Las cuatro condiciones que plantea Venezuela son plausibles y buscan evitar la triangulación de productos subsidiados norteamericanos en su territorio, cautelar el proyecto político que impulsa, y priorizar aspectos sociales y políticos de la agenda de integración.
Ecuador no solo ha manifestado su apoyo, sino que junto con Bolivia estarían dispuestos a que si este nuevo impulso fracasa en un tiempo prudencial los tres países se retirarían definitivamente de la Comunidad Andina, lo que significaría su liquidación.
¿A qué juega el gobierno peruano? Atacar a los vecinos díscolos con el imperio, descuidar la alianza estratégica con el Brasil, mantener en un nivel históricamente bajo y distante las relaciones con Argentina y subordinarse a los planteamientos e intereses de Chile no solo nos aísla, sino que está creando condiciones sumamente peligrosas para nuestra sobrevivencia como nación soberana.
Los planteamientos hechos por el presidente en su artículo “El Perro del Hortelano”, donde no ofrece concesionar sino vender tierras de las comunidades, de la amazonía, los mares; pueden abrir el camino para que fuerzas como el narcotráfico y otras actividades ilegales o peor aún, países con apetitos expansionistas, puedan tomar directa y legalmente todo lo que jamás en sueños pensaron que podrían conseguir. Tales propuestas no sólo son suicidas sino inconstitucionales y de hacerse efectivas habría que actuar en consecuencia.

www.tercaopinion.org