Alan García en la luna

DICE QUE EL PERÚ IGNORA SUS ÉXITOS

Por: Oscar Torres

Sin importarle los reclamos de los jóvenes estafados por los organizadores del censo nacional del pasado domingo, el presidente Alan García, lamentó que el evento haya pasado desapercibido a pesar de haber sido un éxito. Según él, el censo demostró la enorme, sólida y masiva solidaridad y voluntad de cooperación del pueblo peruano.
Apelando a su costumbre de dictarle la noticia a los medios, García lamentó que para ellos lo importante fuera que de más de 500 mil encargados del censo, uno se llevara el dinero de los empadronadores. "Cuál es este fatalismo masoquista que enferma tantas mentes, tantos pájaros de mal agüero que quieren que los peruanos nos sintamos mal todo el tiempo", manifestó.
Conciente de que las acusaciones de corrupción salpican a su gobierno a cada instante, de su desplome en las encuestas con una caída de 25 puntos, el mandatario señaló que el deber de quienes invierten y generan trabajo es traer buenas noticias al país. En ese sentido, pidió menos derrotismo.
"Mi labor es convocar las energías positivas en el pueblo, conjurar los malos espíritus y derrotistas, los que viven de la desgracia humana y mostrar que el Perú avanza", apuntó.
Lo malo para él es que la defensa de Julio Espinoza, el ex jefe del Sistema Integral de Salud (SIS) aseguró que las órdenes para llevar adelante, contra viento y marea, el cuestionado censo, partieron precisamente de Palacio de Gobierno. Al SIS precisamente se le encargó la adquisición de 200 mil carpetas para ser usadas en el censo.  
Guillermo Olivera Díaz, abogado de Espinoza, afirmó que 13 funcionarios de distintos organismos autónomos fueron convocados a Palacio de Gobierno para pedirles que destinen parte de su presupuesto al censo del pasado domingo 21 de octubre.
“Unas 13 instituciones fueron convocadas a Palacio de Gobierno. Los 13 funcionarios de supuestas entidades autónomas se han mojado a favor del censo. Lo hicieron todos”, manifestó.
El abogado sostuvo que en la reunión prácticamente se obligó a las instituciones a colaborar y en ella participó el viceministro de Salud, José Calderón, enviado por el titular del sector, Carlos Vallejos. La señal para funcionarios de menor rango era clarísima. Todos tenían que aportar.
Ahora muchos recuerdan las palabras de Farid Matuk, ex jefe del INEI, acerca de la incorporación de hombres del oficialismo en la institución estadística. “El propósito es más cruel para el país… destruir el sistema de monitoreo de las cifras que miden la pobreza”, dijo.  
Al escuchar esas palabras, muchos entendieron entonces que el gobierno no quería fiscalizadores en la verificación de las metas del gobierno. Así no se podrá saber si el 2011 el analfabetismo se redujo a 4%, la pobreza al 40% y la desnutrición al 19%. Para saberlo se requiere del monitoreo de una institución independiente que hoy no existe.
Lo cierto es que el manejo irregular de los fondos del Estado aparece en cada acto de gobierno. Sean licitaciones, ayudas sociales, emergencias, todo aquello que tenga que ver con dinero aparece manchado con el signo de la corrupción. Tal es el caso de los recursos destinados a ayudar a los damnificados, entre otros la compra de víveres que costaron la astronómica suma de 19 millones de soles.
En esa acción ilegal, el ministerio de Economía, a cargo de Luis Carranza, tiene una enorme responsabilidad, ya que permitió la dilapidación de 19 millones de soles sin ningún control.
Julio Espinoza alega que cuando se produjeron las compras para los damnificados del sismo él se encontraba fuera de Lima y que sus subalternos planearon y consumaron el delito de peculado, sin que el ministerio de Economía les ponga freno. El asunto es cómo pudieron hacerlo en su ausencia.
Estos son los casos que le llegan como una papa caliente a la flamante jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción, Carolina Lizárraga, quien tiene como primera camisa de fuerza, el no poder investigar presuntos actos de corrupción en el Parlamento, los municipios y gobiernos regionales.
Ella sólo podrá emitir una opinión si se presentan casos de corrupción en dichas instituciones, en vista que la Oficina Nacional Anticorrupción no ha sido creada por la Constitución y depende de la Presidencia del Consejo de Ministros. Es decir, es una empleada del gobierno.
"Estoy ayudando al Poder Ejecutivo, soy un brazo del Ejecutivo para que haga una mejor estrategia anticorrupción, por un lado habrá independencia cuando se trate de las investigaciones pero por otro lado habrá dependencia cuando se trate de ayudar a que haga un mejor trabajo", manifestó Lizárraga.
Su nombramiento se produce en momentos que arrecian las críticas al contralor Genaro Matute, quien presentó denuncia contra el presidente del Gobierno Regional del Callao, Alex Kouri, por las presuntas irregularidades en la concesión de la Vía Expresa de la avenida Faucett. Kouri Bumachar, aliado del gobierno, está implicado en esos malos manejos.

25-10-07

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