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TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS
CONDENA PRÀCTICAS DE EMPRESAS TRANSNACIONALES
El Tribunal Permanente de los Pueblos emitió
su sentencia a mediodìa del viernes con una condena ética
y moral a “las conductas y prácticas políticas,
económicas, financieras, productivas y judiciales del modelo
neoliberal, implementadas y permitidas por los Estados y las instituciones
de la Unión Europea”
Igualmente decidió denunciar en el foro internacional a las
corporaciones multinacionales europeas por sus graves y sistemáticas
violaciones a las normas del derecho internacional que amparan los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales de las comunidades, nacionalidades, familias
y personas de los pueblos de América Latina y el Caribe.
Asimismo, resolvió solicitar al Consejo
de Derechos Humanos de la ONU que nombre un Relator Especial que
se encargue de presentar a la Asamblea General de Naciones Unidas
un informe que contenga una propuesta de caracterización
del concepto de deuda ilegítima, y la calificación
de las violaciones a los derechos económicos, sociales y
culturales perpetrados por gobiernos, empresas financieras y corporaciones
multinacionales en contra de personas y pueblos.
Propuso que para ese efecto se conmstituya un Tribunal
Internacional que juzgue los crímenes económicos y
ambientales, donde las víctimas individuales o colectivas
puedan constituirse como parte accionante.
Demandó que los países de la Unión
Europea y sus organismos comunitarios “sometan de manera vinculante
sus relaciones económicas internacionales y sus decisiones
de política económica y de cooperación internacional,
bajo los estándares de primacía, garantía y
respeto de las convenciones, pactos internacionales y las declaraciones
y normas de la OIT en temas de derechos fundamentales, desarrollo
humano, democracia y protección ambiental”.
También planteó que los Estados y
gobiernos de América Latina y El Caribe garanticen “la
soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses
económicos de los sectores privados” y que impidan
la privatización de recursos fundamentales para la vida como
agua, aire, tierra, semillas, patrimonio genético y aseguren
el acceso universal a los servicios públicos.
Las audiencias del Tribunal se desarrollaron el
14 y 15 de mayo en tres sesiones. Testigos y expertos presentaron
oralmente los casos documentados y respondieron a las preguntas
realizadas por los miembros del jurado. También fueron convocados
para que hagan sus descargos representantes de las 24 empresas denunciadas,
pero solo acudió el de Camposol.
La sentencia del Tribunal, que se leyó en
la última sesión de la Cumbre de los Pueblos, será
remitida al Fiscal de la Corte Penal Internacional, al Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas y a los relatores especiales competentes
para esa materia, a la Corte Europea de los Derechos Humanos, a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente
a los presidentes de los Tribunales y Cortes constitucionales, Ministerios
Públicos, Fiscales y Defensores del Pueblo de América
Latina y del Caribe, así como a los gobiernos de los Estados
miembros y la Comisión de la Unión Europea.
Lima, 16 de mayo de 2008
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